La falacia discursiva de otorgar una mayor legitimidad en la jerarquía normativa a los derechos de los animales en detrimento de los derechos humanos -propulsada por desviados sectores urbanos auto percibidos ecologistas o anti especistas- está siendo fuertemente rebatida en diversos congresos científicos de conservación de la naturaleza y gestión ambiental en el mundo entero. Afortunadamente el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de una manera sostenible de los recursos naturales a través de la caza, así como el de participar de manera activa en las políticas locales de conservación, se está afianzando cada vez más en la comunidad internacional. El concepto de competencia está siendo finalmente desalojado por el de cooperación en materia de derechos universales, y eso es siempre, una buena noticia.
OSOS POLARES Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Hace años que la caza del oso polar se encuentra bajo un severo escrutinio por parte de científicos, cazadores y funcionarios de los gobiernos que tienen acceso a regiones polares en el hemisferio boreal de nuestro planeta. Como sucede con muchas especies en el presente, la principal amenaza para la supervivencia del oso polar es la pérdida de su hábitat debido al calentamiento de los casquetes polares. Sin embargo, como también es costumbre en los tiempos que corren, diversas organizaciones protectoras de los derechos de los animales, enfocan su atención y la culpa de la disminución de ejemplares de esta especie a la caza, por lo que exigen de manera taxativa su prohibición. En este caso particular, de avanzar con esa propuesta, se estaría violando directamente el derecho de las comunidades inuit que comparten territorio con los osos, y quienes hacen uso de ese recurso desde la noche de los tiempos. Precisamente éste será uno de los temas candentes en la próxima Conferencia Mundial sobre Vida Silvestre, que se llevará a cabo en Panamá el próximo mes de noviembre. En la agenda de trabajo de esa reunión, ya hay varios puntos tendientes a proponer la prohibición de la caza por parte de indígenas y extranjeros en las regionales polares. Estas medidas son impulsadas por diversas organizaciones militantes de la protección animal, que como han demostrado en innumerables oportunidades, basan sus argumentaciones en aspectos emocionales y desconocen absolutamente el funcionamiento de las políticas de conservación basadas en estudios científicos. Solicitar prohibiciones generales de tales prácticas es tan disparatado que puede llegar a ser perjudicial tanto para la fauna silvestre como para las comunidades rurales y originarias, particularmente en áreas donde se llevan a cabo con éxito programas de caza conservacionista. Como he venido mencionando desde hace tiempo en esta columna, la comunidad científica tiene una posición clara y favorable sobre el uso de la caza como herramienta de manejo de poblaciones de vida silvestre, aunque lo haga muchas veces en voz baja. Demasiado baja para mi gusto. Sin embargo, unas de las voces que ha hablado fuerte ha sido la de la Dra. Victoria Qutuuq Buschman, científica de la Universidad de Alaska de origen inuit, quien, en referencia a la preparación de la Conferencia de noviembre, aseguró que el intento de prohibir la caza del oso polar es lisa y llanamente un error. Según manifestó en una carta al comité organizador de la conferencia: “cualquier prohibición que dificulte que los pueblos indígenas practiquen su forma de vida, viola la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, y agregó que “la caza del oso polar está muy bien regulada y tiene lugar principalmente en subpoblaciones estables o en crecimiento. Las medidas de conservación deben basarse en ciencia sólida y conocimiento indígena, pero no en una superioridad moral autopercibida”. Esta postura también es validada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), quien afirma que las poblaciones de osos polares no están amenazadas por las prácticas de caza indígenas, al tiempo que reitera su derecho a cazar osos polares según el derecho internacional. Incluso, la otra famosa organización ambiental, Greenpeace, reconoció su error cuando en la década de 1980, llevó a cabo una campaña para detener la caza de focas, que finalmente provocó graves pérdidas de ingresos al pueblo inuit, poniendo en riesgo su propia existencia.
El gobierno canadiense también es proclive a adoptar la perspectiva indígena en temas de protección de fauna, declarando que la caza proporciona sustento a sus comunidades originarias y transmite tradiciones. En este sentido, Canadá se ha comprometido con la gestión y conservación a largo plazo de la vida silvestre para que las generaciones futuras puedan transmitir sus conocimientos y habilidades ancestrales. En materia económica, además, este gobierno es consciente de los beneficios que la actividad cinegética otorga a sus comunidades. Según un censo efectuado antes de la pandemia, se conoció que los cazadores extranjeros pagan por cacería un promedio de 20 a 50 mil dólares a los proveedores de equipo de caza, de los cuales entre 10 y 25 mil dólares, ingresan directamente a las comunidades de bajos recursos en las que se realizan estas cacerías. Paralelamente, al aprovechamiento de los humanos que habitan esas inhóspitas tierras, las poblaciones de osos polares también se han beneficiado gracias a la gestión de fauna, registrando un aumento considerable que han pasado de 5 mil ejemplares en 1950 hasta 30 mil en alrededor de sesenta años. Con estos datos sobre la mesa, es hora que, en ámbitos internacionales como la próxima Conferencia Mundial sobre Vida Silvestre, prevalezca la razón, los argumentos científicos y el respeto tanto a los derechos de los animales como al de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
LA MISMA DISCUSIÓN EN ÁFRICA
La inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la ecuación de la protección del medio ambiente, también ha sido un tema de agenda en el reciente Congreso Africano de Áreas Protegidas, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la Fundación Africana de Vida Silvestre (AWF) y el gobierno de Ruanda. Bajo el lema “Para la gente y la naturaleza”, se congregaron unos 2.400 participantes de 53 naciones africanas y 27 países extra continentales, representando a varios gobiernos del continente, ONG´s, miembros de comunidades indígenas, científicos, jueces y parlamentarios, especialistas de varios países y numerosos representantes del sector privado, mayormente turístico. Aquí también se llegó a la conclusión que los pueblos indígenas y las comunidades locales deben desempeñar un papel sustancial en las decisiones de conservación. Por esa razón, se exhortó a CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) a incluir y tener en cuenta a los pueblos originarios en sus resoluciones y formulación de políticas. En esta conferencia también se destacó el rol que tiene el uso sostenible de los recursos naturales en la gestión de áreas protegidas en África, y se destacó la forma en la que el turismo cinegético ha ayudado de manera fundamental a la financiación de proyectos comunitarios. Precisamente las críticas que se escucharon de parte de conservacionistas africanos, tendieron a remarcar la necesidad de incorporar aún más la visión indígena en las políticas ambientales. Hoy en África millones de personas se benefician diariamente del uso sostenible de especies silvestres en forma de alimento, energía, materiales, medicina, recreación, inspiración y muchas otras contribuciones vitales para el bienestar humano. Esta situación claramente no es exclusiva del continente negro sino de todo el mundo. De acuerdo a estimaciones recientes, el 70% de la población más pobre del planeta depende directamente de las especies silvestres. Una de cada cinco personas depende de plantas silvestres, algas y hongos para su alimentación e ingresos, unos 2.400 millones de personas dependen de la leña para cocinar, y casi el 90 % de los 120 millones de personas que trabajan en la pesca de captura se sustentan en la pesca artesanal. Es más que evidente que el uso de especies de fauna silvestre es una importante fuente de ingresos para millones de personas. Por esa razón, el concepto de uso sostenible, puede verificarse sólo cuando la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema contribuya al bienestar humano, garantizando que el derecho a la protección del medioambiente y a los animales, no compita, sino que coopere con los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a nivel global.